Entre luces y sombras

Abril 5, 2024

• En un par de semanas celebraremos el 30 aniversario del Día Mundial de la libertad de prensa, reafirmando la relevancia histórica de la conexión entre la libertad de prensa y el bien público. La libertad de expresión sigue siendo una fuerza impulsora para el disfrute de todos los demás derechos humanos, y la prensa libre, independiente y pluralista es fundamental para una sociedad informada y democrática.
• Los estados asociados a la ONU se reunirán en Chile a destacar los valores de la libertad de prensa y el derecho a la información. Paradojalmente, es el Estado el que aparece como el principal agresor contra el Periodismo en la mayoría de países sindicados como “problemáticos”. Entre ellos, el nuestro.

En unas pocas semanas (3 de mayo de 2024), Chile será sede de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024. Delegaciones de organizaciones periodísticas de todo el mundo, funcionarios internacionales e invitados especiales se darán cita en la capital chilena para conmemorar los 30 años de la firma de la “Declaración de Santiago sobre el Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe”.

La posta la recibió el año pasado en la sede de la ONU en Nueva York, la Ministra Secretaria General del Gobierno, la exdiputada y dirigente comunista Camila Vallejos, quien destacó al aceptar la invitación la oportunidad que para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, representa este acto. En la ONU señaló que tiene la convicción de que debemos profundizar estos debates y que debemos conversar globalmente sobre cómo seguimos garantizando y fortaleciendo los derechos asociados a la comunicación e información, además del ejercicio del periodismo y la diversidad de los medios de comunicación. Aquí nos hacemos cargo de su invitación a debatir.

Sentido del Tres de Mayo y la cita en Santiago el 2024

Al puntualizar su posición Vallejo Dowling señaló: “Nos llena de orgullo y nos invita a garantizar las mejores condiciones para que los debates con representantes de la academia, la política y la sociedad civil prosperen mediante el intercambio de ideas”. Sus afirmaciones resultan todo un hallazgo politológico al provenir de una coalición de partidos ubicados en la izquierda del arco político chileno, misma agrupación que hasta hace unos meses venía intentado promover una Ley de Medios incluso en el plano constitucional. La misma ideología que, en el plano internacional, y solo mirando esta parte del planeta, tiene algunos aliados de su misma orientación que han sido señalados por sus permanentes restricciones a la libertad de prensa, como Honduras, El Salvador, Bolivia, Nicaragua; y Venezuela y Cuba, naciones que han registrado constantes regresiones en derechos comunicacionales, siendo calificadas como naciones sin libertad de prensa ni de expresión.

Como se sabe, el Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada 3 de mayo y tiene sus orígenes en una conferencia histórica de la UNESCO celebrada en Windhoek, Namibia, en 1991. Durante ese evento, los representantes de medios de comunicación africanos elaboraron la Declaración de Windhoek para el Desarrollo de una Prensa Libre, Independiente y Pluralista. Esta declaración estableció principios fundamentales para la libertad de prensa y la independencia de los medios con proyección mundial en su cumplimiento y adscripción.

Dos años más tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al Tres de Mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO.

Por su parte, la Declaración de Santiago sobre el Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe es un hito significativo en la promoción de la libertad de prensa y la independencia de los medios en la región. El documento fue firmado durante el “Seminario sobre el Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe”, que tuvo lugar aquí en Santiago entre el 2 y el de 6 de mayo de 1994. El evento reunió a representantes de las Naciones Unidas, la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para discutir el papel crucial de los medios en la democracia y el desarrollo.

La Declaración de Santiago subrayó la importancia de respetar el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural, lingüística y de género como factores fundamentales de sociedades democráticas. Los delegados reconocieron que una prensa libre, pluralista e independiente es esencial para el funcionamiento democrático y el acceso a la información veraz. Hacía un llamado a la “libre circulación de ideas” a través de la palabra y la imagen tanto a nivel nacional como internacional.

La Declaración de Santiago reafirmó la importancia de una prensa libre y diversa como pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la consolidación democrática en América Latina y el Caribe.

En estos últimos años se han hecho algunas actualizaciones a la Declaración de Windhoek original de 1991, llamando la atención de los gobiernos al riesgo de extinción de los medios debido a las nuevas tecnologías y la necesidad de garantizar la viabilidad financiera de los medios de comunicación. También han hecho llamados a la acción colectiva por parte de periodistas, medios de comunicación, sociedad civil y academia para defender la libertad de expresión y la información como un bien público.

Por buenas intenciones para con la prensa, la comunidad internacional no se ha quedado rezagada. Allí están las declaraciones internacionales y regionales que se han hecho, declarando el lugar prioritario a la libertad de información, como requisito de la democracia, con la verdad como deber fundamental y el respeto de la persona humana como límite. Entre los numerosos textos de derecho internacional que consagran la libertad de información como principio fundamental, pueden citarse el artículo 10 del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, aprobado el 4 de noviembre de 1950; el artículo 13 del Convenio Americano para la protección de derechos humanos, adoptado el 22 de noviembre de 1969, y el artículo nueve de la Carta Africana de los derechos del hombre y los pueblos aprobada el 12 de julio de 1981. Estos principios deberían jugar un papel decisivo en las legislaciones nacionales.

¿Durmiendo con el enemigo?

Si bien Chile parece lejos -afortunadamente todavía- de esa deriva política que termina imponiendo severas restricciones a la libertad de expresión de sus ciudadanos y el extravío de la tolerancia como valor político compartido, las últimas mediciones hechas al país en este ámbito, muestran un deterioro en la posición relativa chilena en el concierto internacional, lo que es equivalente a un descenso en la calidad de la percepción sobre la libertad de prensa.

En un plano continental, la realidad es bastante más ruda. La crudeza de las cifras pone en evidencia cómo, quienes trabajan en los medios, sufren a diario diversos tipos de ataques y amenazas: detenciones, encarcelamientos, expulsiones, vigilancia y violencia en línea -que afecta especialmente a mujeres periodistas y a representantes de grupos minoritarios- cercenan su libertad y sus derechos fundamentales, y limitan enormemente la calidad de su trabajo informativo. A estas condiciones extremas de trabajo, marcadas por diferentes contextos geopolíticos, se suma la crisis de financiamiento y viabilidad de los medios, que lleva a la aparición de “desiertos de noticias” y repercute negativamente en las condiciones de trabajo y los salarios de los profesionales de los medios; exacerbando las brechas de género, tanto en la profesión periodística como en la cobertura noticiosa de la realidad.

Los gobiernos tampoco ayudan mucho. De hecho, parecen ser los principales responsables de las violaciones contra la libertad de prensa. Desde siempre ha habido una lucha entre poder e información. Esto no es grave mientras la información no salga derrotada. En los regímenes dictatoriales ella es la que pierde el combate; en los estados libres, unas veces gana uno y otras veces gana otro, pero siempre estará la información para vigilar al poder, para ponerle unos límites, como bien dice Justino Sinova en Prensa y Poder.

La información es un derecho de los ciudadanos que muchas veces se ve molestado por la mano del poder, que trata de no sacar aquello que les pueda perjudicar y lo hacen empleando unas medidas legislativas y administrativas de control, de carácter general e impuestas por la Administración y que toman la forma de censura; consulta voluntaria; depósito previo de impresos; extensión del ámbito de los secretos; penalización excesiva de faltas y delitos contra el honor, la intimidad y la imagen; extensión excesiva del derecho de rectificación; presencia del Estado en las empresas informativas; amenazas de suspensión de medios, entre una taxonomía bastante extensa. Además, también hay unas estrategias de control, no establecidas mediante ninguna ley y su éxito depende de los propios periodistas. Son de este tipo la táctica de las sugerencias; la táctica de las amenazas, las presiones de “guante blanco”; las presiones sobre las fuentes; la intimidación mediante acciones judiciales, entre otras.

Y no es una constatación retórica. En 2021, se registraron 4.930 alertas por violaciones contra la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, en 14 países de América Latina. La identificación del Estado como el principal agresor (72%) es la tónica en la mayoría de países. Esto representa un aumento con respecto al 2020, año en el que 59% de las alertas emitidas presentaron este resultado.

De igual forma, los estudios evidencian un incremento de los distintos tipos de violencias. Entre las que tuvieron una mayor intensificación, se encuentran: detenciones arbitrarias (198%); uso abusivo del poder estatal (193%); discurso estigmatizante (83%); restricciones en el acceso a la información (50%); y agresiones y ataques (18%).

Otros indicadores que se monitorean son el asesinato, la tortura, el secuestro, las restricciones en internet, los procesos penales y civiles, y el Marco legal contrario a los estándares. Los países en que se constata un mayor incremento son: Cuba (228%), Nicaragua (149%), Uruguay (89%), Ecuador (80%) Argentina (52%) Perú (35%) Brasil (29%) y Colombia (28%).

En muchos lugares, los periodistas enfrentan amenazas a su seguridad física y emocional al realizar su trabajo, lo que limita su capacidad para informar con libertad. Hay una hostilidad creciente hacia la prensa. Los gremios periodísticos de varios países han hecho llamados públicos para garantizar “la seguridad física y material de los periodistas, que cumplen con el deber de informar durante manifestaciones políticas”. Se ha llegado a advertir que el periodismo no es un crimen.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a gobiernos que garanticen que los periodistas puedan informar sobre las protestas sin ser agredidos. En su declaración, en la que instaba al Estado a proteger el derecho a la protesta pacífica, también citaba denuncias de que agentes de policía de la unidad antidisturbios habían hecho un uso excesivo de la fuerza.

En América Latina el periodismo está amenazado de muerte

Son más que amenazas. En los últimos 25 años hay registrados 517 casos de periodistas asesinados en América Latina. Según registros de la UNESCO, 313 periodistas fueron asesinados en A. Latina y el Caribe entre 2006 y 2021, apenas 68 casos han sido resueltos. Eso corresponde a una tasa de impunidad del 78%.

La Federación Internacional de Periodistas cuenta 30 asesinatos en la región en 2022, casi la mitad de los 68 registrados en todo el mundo. El informe señala a México (once homicidios), Haití (siete) y Colombia (cuatro) como los países más peligrosos para el ejercicio profesional.

Se ha advertido que no es tanto la información que difunden los periodistas, sino el papel que estos juegan en su comunidad lo que los lleva a ser blanco de asesinatos. Uno de los patrones que se ha puesto de relieve al estudiar estas amenazas a la integridad de los periodistas, es que los comunicadores ultimados en México, Haití y Colombia, por ejemplo, eran principalmente reporteros locales o periodistas ciudadanos que ocupaban un lugar respetado en su comunidad. Eran capaces de promover cierta participación social cuando tomaban postura ante los hechos. También eran personajes que a menudo cuestionaban al poder de su localidad.

En lo que refiere a protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, Chile está avanzando. El 31 de julio de 2023 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que regula la protección del gremio, por lo que sigue su curso legal hacia el Senado. Con este paso nos hemos puesto a la vanguardia en el subcontinente en cuanto a legislación para proteger a los periodistas a nivel regional.

Atendido lo anterior, lo que habría que conmemorar con más entusiasmo es el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que es conmemorado cada 2 de noviembre.

La necesidad de transparencia y rendición de cuentas de las plataformas de Internet es otro tema central en el debate contemporáneo para encontrar soluciones a problemas que amenazan nuestras sociedades y libertades, como las amenazas a la libertad de expresión en línea, la proliferación de la desinformación o el discurso de odio.

Las amenazas a la libertad de expresión en América Latina son diversas y han sido objeto de preocupación en la región. El uso del poder estatal para limitar la libertad de expresión es una preocupación constante. La utilización de instituciones gubernamentales y judiciales para perseguir y acosar a periodistas y medios críticos es una amenaza importante.

Chile baja en mediciones sobre la Libertad de expresión

Recientemente se informó que Chile bajó 28 puestos en ranking mundial de libertad de prensa. La situación fue catalogada de “problemática”. El listado de 2022 es elaborado por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), la medición develó que el 73% de los 180 países evaluados se caracterizan por situaciones juzgadas “muy graves”, “difíciles” o “problemáticas”.

En el ranking anual de la libertad de prensa a nivel planetario, ubicó a Chile en el puesto 82, lo que refleja un descenso de 28 lugares respecto de la medición del año 2021. La lista es liderada por Noruega.

En el caso de Chile, la agrupación afirmó que aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, “no siempre se respeta en la práctica”, por lo que destaca que “el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican”. En esa línea , RSF criticó duramente las restricciones al acceso a la información pública, sobre todo durante el estallido social de 2019, que representó “un grave revés para el derecho a la información”.

“Las agresiones físicas y verbales a los periodistas se multiplicaron desde 2019, y los periodistas siguen siendo objeto de amenazas y ataques en el contexto de manifestaciones”, denunció la organización, que también se refirió a los “procesos judiciales a veces abusivos” contra los medios de comunicación.

La organización también criticó que “varias disposiciones de la ley de seguridad interior del Estado son incompatibles con las normas internacionales de protección de la libertad de prensa” y lamentó la “persistente impunidad” en los ataques contra periodistas.

Otros problemas al canto han sido las impasse que el propio Presidente de la República ha tenido con periodistas y fotógrafos; sus ausencias recurrentes y extensas a evitar comparecer ante la prensa durante semanas; la decisión de no aceptar preguntas en las conferencias de Prensa; su decisión de crear una  Comisión contra la Desinformación que, tras un complejo comienzo terminó por evacuar dos anodinos informes (afortunadamente, pues los gobiernos suelen salir mal parados cuando deben definir que es verdad y que es mentira), entre otras situaciones tanto o más complejas.  Entre ellas, la creación por parte de la Segegob a mediados del año pasado del compromiso “Más Voces: medios de comunicación y democracia”, iniciativa que ella lidera y que, según ha dicho, tiene por objetivo fortalecer el debate en torno a derechos asociados a la información, pluralidad, libertad de expresión y prensa. Habitualmente estas actuaciones han terminado en la creación de subsidios estatales a medios comunitarios que ejercen una suerte de “periodismo ciudadano” donde no hay profesionalismo y si una caja de resonancia para las decisiones gubernamentales en “los territorios”.

Para sacar adelante este “compromiso” de política pública conformó en 2023 una mesa de trabajo, en la que participan tres universidades estatales: la Universidad de Chile, de La Serena y de la Frontera, para levantar una conversación sobre el sistema de medios en Chile, lo que aviva aún más los cuestionamientos hacia el papel protagónico de su cartera en esta materia. La mayoría de estas Escuelas de Periodismo están hegemonizadas por profesorado de izquierda que fomentan una visión mainstream del sistema informativo.

La libertad de prensa en América Latina es un tema crucial que demanda atención continua y acción inmediata. A medida que enfrentamos desafíos crecientes en un mundo digitalizado, es fundamental proteger y promover el derecho a la información veraz y la libertad de expresión. A través de la conciencia, la defensa de los derechos humanos y el apoyo a los periodistas valientes, podemos trabajar juntos para construir sociedades más justas y transparentes donde la voz de cada individuo tenga el espacio que merece en el panorama mediático.

Cristian Antoine – Profesor Escuela de Periodismo